Democracias con pocos defensores
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Esta semana, tres columnas en estas páginas se han referido a situaciones que ponen de relieve serias amenazas a democracias de nuestra región. No es casual.
En efecto, pese a que salvo las gravosas excepciones de Venezuela, Nicaragua y Cuba, todos los gobernantes latinoamericanos han llegado al poder vía elecciones democráticas, en muchos casos las administraciones que presiden -o las de sus vecinos- impulsan o defienden situaciones que desconocen o ponen en peligro las reglas del juego democrático.
En nuestra región, la democracia necesita un mayor compromiso de quienes tienen el mandato popular de defenderla y practicarla.
México y Perú son tal vez los dos casos más notorios y preocupantes en este momento. En el primero, el Presidente López Obrador impulsa cambios en el sistema electoral que son claramente un retroceso en los estándares para ese país, pues debilitan los recursos del organismo electoral, con el posible objetivo de facilitar la continuidad del actual oficialismo en el Congreso en los comicios del año próximo. Medida que se suma a una actitud decididamente hostil del mandatario hacia la prensa crítica y la oposición.
En Perú, en tanto, continúan las violentas protestas de quienes desconocen el proceso institucional legítimo que llevó a la destitución de Pedro Castillo, con acciones que poco tienen que ver con protesta social y sí mucho con un intento de desestabilizar al actual Ejecutivo. Que otros gobiernos de la región, incluyendo el chileno, hayan centrado sus críticas en la respuesta del gobierno peruano a dicho intento, y no en los impulsores del mismo, arriesga profundizar una crisis que ya es grave.
También puede agregarse a este clima el caso de Argentina, donde el Ejecutivo de Alberto Fernández mantiene una pugna con las instituciones de justicia, en la búsqueda de acotar su independencia.
En esta página, un columnista señala acertadamente que la defensa de la democracia empieza “en la mesa” de los ciudadanos, con el libre intercambio de opiniones y el respeto a las divergencias. Sin duda así debe ser. Pero sin el compromiso real de quienes tienen el mandato popular de defender y practicar la democracia desde los cargos a los que han sido elegidos, ese esfuerzo ciudadano es insuficiente para salvaguardarla.
